El pasado 2 de abril, en nuestra charla en vivo “A las 7 con Liliana”, abordamos una pregunta clave: ¿El sistema judicial mexicano contribuye a lograr una democracia efectiva al tiempo que protege los derechos humanos? Iniciamos con las palabras de Inés Fernández Ortega, mujer indígena me’phaa, víctima de violencia institucional y símbolo de resistencia frente a la impunidad del sistema judicial en México:
“Me dijeron mentirosa, sufrí mucho. Hago esto por mis hijos, mis padres, mis nietos que me van a ver. Escúchenme todos, las autoridades, aunque te digan que están de tu lado, no lo van a hacer.”
Su testimonio refleja el dolor de muchas personas que han buscado justicia en México, en un sistema que, con frecuencia, parece darle la espalda.
La percepción social es clara: el Poder Judicial en México está marcado por la desconfianza, la ineficacia, el nepotismo y la impunidad. En un régimen democrático, esto debería preocuparnos profundamente, porque la justicia no es un privilegio, es un derecho humano.
Durante la charla, recordamos por qué la división de poderes en un sistema democrático es esencial. A diferencia de los regímenes absolutistas —donde un solo poder concentraba la creación, aplicación e interpretación de la ley—, en una democracia moderna existen tres poderes independientes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Este último tiene la responsabilidad crucial de garantizar los derechos humanos y controlar al poder político.
Sin embargo, esa garantía no siempre se cumple. En 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió dos casos clave que marcaron un antes y un después en la interpretación de los derechos humanos:
- En el expediente Varios 912/2010, la Corte determinó que si una norma constitucional restringía un derecho humano protegido por una tratado internacional, debía preferirse el estándar internacional.
- Poco después, en el expediente Varios 1396/2011, la Corte cambió de criterio y decidió que ante una restricción de un derecho humano prevista en la Constitución ésta debía prevalecer, incluso si limitaba un derecho reconocido por tratados internacionales.
¿Qué cambió entre un fallo y otro? La composición de quienes integraban la Corte. Esto nos muestra que los derechos de las personas no deberían depender del contexto político o del perfil de las personas que integran nuestro máximo tribunal, sino de un compromiso constante con la justicia.
Y es aquí donde entra en juego el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), órgano fundamental en el nuevo modelo de justicia en México. Su función es investigar y sancionar la conducta de las personas que desempeñan cargos jurisdiccionales, que incumplen la Constitución o dictan resoluciones en contra de la ley o de los precedente. Su tarea es asegurar que el sistema judicial funcione con responsabilidad, transparencia e imparcialidad.
Como candidata a magistrada del TDJ a nivel federal, mi compromiso es claro: fortalecer la justicia, defender el marco constitucional y garantizar que ningún abuso quede impune.
Porque la democracia no se agota en las urnas. También se construye cada día exigiendo rendición de cuentas en el sistema judicial, participando informádamente y alzando la voz ante la injusticia.